La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido convertir los señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado en una disputa de soberanía nacional. El problema es que, detrás de la bandera patriótica, parece esconderse una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué el gobierno reacciona con tanta vehemencia cuando los acusados pertenecen a Morena?
Desde el Monumento a la Revolución, la mandataria acusó al Departamento de Justicia estadounidense de querer convertirse en el «principal elector» de México mediante solicitudes de extradición contra políticos en funciones. También sugirió que existe una conspiración de la ultraderecha estadounidense para intervenir en la política mexicana. Sin embargo, en ningún momento respondió al fondo del asunto: las sospechas que pesan sobre funcionarios señalados por posibles vínculos con organizaciones criminales.
La estrategia es conocida. Cuando la realidad incomoda, se cambia el tema. En lugar de explicar por qué gobernadores, alcaldes o legisladores aparecen bajo la lupa de agencias estadounidenses, el gobierno transforma el debate en una supuesta defensa de la soberanía. Pero la soberanía no puede convertirse en refugio de la impunidad.
OCHO AÑOS DESPUÉS, LA CULPA SIGUE SIENDO DE CALDERÓN
Más preocupante aún es la facilidad con la que Sheinbaum recurre al pasado para evitar hablar del presente. Ante los cuestionamientos sobre presuntas redes de protección política al narcotráfico, la presidenta volvió a responsabilizar a Vicente Fox y Felipe Calderón. Los calificó de «narcogobiernos» y recordó episodios ocurridos hace casi dos décadas. El argumento sería válido si México no hubiera vivido ya ocho años bajo gobiernos de Morena.
La pregunta inevitable es: si los gobiernos panistas fueron los responsables de la crisis de seguridad, ¿cómo explicar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el crimen organizado expandiera su presencia territorial, consolidara su poder económico y se convirtiera en un actor cada vez más visible en regiones enteras del país?
LA ESTRATEGIA QUE FORTALECIÓ A LOS CÁRTELES
La política de «abrazos, no balazos» fue presentada como una alternativa humanista a la confrontación armada. En los hechos, terminó enviando una señal de permisividad. Mientras el gobierno presumía una nueva estrategia, los grupos criminales aumentaban su capacidad operativa, controlaban actividades económicas, imponían reglas en comunidades completas y extendían su influencia sobre estructuras políticas locales.
Hoy, cuando desde Estados Unidos se pone bajo sospecha a figuras vinculadas al partido gobernante, la respuesta oficial no es exigir investigaciones exhaustivas ni transparencia absoluta. Es denunciar una supuesta conspiración extranjera.
LA SOBERANÍA NO ABSUELVE
Resulta paradójico escuchar a la presidenta afirmar que nunca defenderá la corrupción ni la colusión con el crimen organizado mientras, simultáneamente, descalifica cualquier señalamiento externo antes de que las investigaciones sean esclarecidas. Más aún cuando algunos gobiernos estatales emanados de Morena han sido objeto de persistentes cuestionamientos públicos por presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones criminales.
Nadie discute que Estados Unidos tiene enormes responsabilidades en el problema: el tráfico de armas, el consumo de drogas y el lavado de dinero son factores fundamentales de la violencia que azota a México. Pero reconocer esa realidad no exime al gobierno mexicano de rendir cuentas sobre lo que ocurre dentro de sus propias fronteras.
EL PAÍS QUE NO CABE EN LA MAÑANERA
La soberanía nacional no se defiende cerrando los ojos ante las acusaciones ni convirtiendo toda crítica en una agresión extranjera. Se defiende fortaleciendo instituciones, investigando a quien sea necesario y demostrando que la ley se aplica sin importar colores partidistas.
Porque cuando un gobierno responde a los señalamientos contra sus propios cuadros políticos con discursos nacionalistas, ataques a la oposición y referencias constantes al pasado, inevitablemente surge la sospecha de que la defensa de la soberanía es, en realidad, la defensa de algo mucho menos noble.
Y esa sospecha no la creó Washington.
La alimenta todos los días la distancia creciente entre el discurso oficial y la realidad que viven millones de mexicanos.
