Se acabó el teatro. Durante seis años, el país fue sometido a un sermón diario sobre la moralidad y la purificación de la vida pública. Se nos dijo, hasta el cansancio, que la corrupción era un mal del pasado, un fantasma erradicado por la sola presencia de un hombre honesto en la silla presidencial. Hoy, las cifras oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desmienten el mito y revelan una realidad putrefacta: el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador no fue el cierre de una era de transparencia, sino un festín de opacidad que dejó un boquete de 65,169 millones de pesos.
El «Año de Hidalgo» no murió con el viejo régimen; se perfeccionó. Mientras el presidente se despedía entre aplausos y rituales, sus dependencias y los gobiernos alineados a su movimiento operaban una maquinaria de desaparición de recursos que hoy no tienen nombre, ni apellido, ni factura. ¿Dónde están esos 65 mil millones? No es un «error de dedo» ni falta de pericia administrativa; es un asalto al erario ejecutado con el cinismo de quien se sabe impune.
EL ROBO A LOS MÁS VULNERABLES
Lo más bajo de este desfalco es que se ensañaron con lo más sagrado del discurso oficial: el bienestar del pueblo. Es criminal que, en un país con hospitales en ruinas y desabasto de quimioterapias, existan 585 millones de pesos en Salud que se esfumaron sin explicación. Es un insulto que 231 millones destinados a la Educación de los niños mexicanos hayan terminado en el limbo.
Aquí no hay «otros datos» que valgan. Hay un desprecio absoluto por la rendición de cuentas. El dinero que debía ser para medicinas y aulas se perdió en el fango de la discrecionalidad. ¿Esa es la justicia social que prometieron? Lo que vemos es una corrupción con tintes humanistas, donde el dinero se gasta, el pueblo sufre y el gobierno se lava las manos.
EL MITO DEL UNIFORME LIMPIO
La columna vertebral de este sexenio fue la entrega del país a las Fuerzas Armadas. Bajo el pretexto de que los militares no roban, se les entregaron aduanas, aeropuertos y trenes. Hoy, la Secretaría de Marina (SEMAR) nos escupe la verdad en la cara con 233 millones de pesos sin comprobar. La militarización no fue la cura contra la corrupción; fue el blindaje perfecto para ocultar el gasto bajo el sello de «seguridad nacional». Le quitaron el dinero a los civiles para dárselo a los uniformados, y el resultado es el mismo: bolsillos llenos y arcas vacías.
LA COMPLICIDAD DEL SILENCIO
Que el 97% de las irregularidades detectadas sigan sin aclararse es la prueba máxima de que la fiscalización en México es un perro sin dientes. David Colmenares y la ASF se limitan a señalar los cadáveres financieros, pero nadie busca a los asesinos del presupuesto. El patrón de «falta de documentación» en estados y municipios (donde se perdieron más de 54 mil millones) es la confesión de un saqueo coordinado.
La «limpia de las escaleras» resultó ser un fraude publicitario. La suciedad no se barrió; se amontonó en el último escalón para que el siguiente gobierno la escondiera bajo la alfombra de la continuidad. México no cerró un ciclo de esperanza, cerró un capítulo de opacidad sistemática y saqueo impune. Los 65 mil millones de pesos son el precio de nuestra ingenuidad y el monumento a un gobierno que habló como santo, pero permitió que sus allegados operaran como los peores villanos de la historia que juraron no repetir.
